En México, las acciones para incrementar la presencia de mujeres en el Poder Legislativo, que comenzaron en la década de 1990 con las cuotas voluntarias en los partidos políticos, seguidas de una serie de reformas legales que consolidaron la paridad (50-50) con la reforma de 2014, han tenido resultados positivos. La representación de las mujeres ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años. Sin embargo, en algunos casos se ha observado que la posibilidad de incidir en las decisiones, participar en los procesos legislativos y de acceder a los órganos de trabajo, decisión y liderazgo más importantes, sigue siendo un reto.

Los resultados de las reformas fueron positivos. En 1998, México ocupó el lugar 29 en el ranking de clasificación mundial, con 14.2% de mujeres en la Cámara baja y 12.5% en la Cámara alta; y en 2018 se posicionó en el noveno lugar del ranking de clasificación mundial. En el Congreso Federal, el porcentaje de legisladoras en 2018 fue 42.6% en la Cámara baja y 36.7% en el Senado de la República (UIP, 2018). A nivel estatal, el promedio de mujeres en los congresos fue 41.5%, con variaciones importantes entre las entidades; algunos congresos superaron el 50%, otros obtuvieron valores cercanos al 30%.

Desde hace algunas décadas, la promoción de estrategias para el acceso de las mujeres a los diversos espacios de toma de decisiones se ha insertado en las estrategias mundiales de desarrollo y en los países se han implementado diversos mecanismos para su logro. El discurso y las prácticas internacionales y regionales han interactuado con las redes nacionales de mujeres y otros grupos que han impulsado su acceso a la vida pública, lo que ha derivado en políticas y acciones de distintos tipos que fortalecen la paridad de género en los cargos de elección popular.

Se generaron mecanismos que garantizan el acceso de las mujeres a los espacios de representación política y en particular a los parlamentos. En muchos países se adoptaron las cuotas de género, con variaciones en su diseño y alcance. En algunos, los partidos políticos hicieron modificaciones a sus estatutos para implementar cuotas voluntarias; en otros, las cuotas de género se implementaron en las legislaciones electorales.

En el ámbito legislativo, la representación sustantiva supone la posibilidad de in§uir en el proceso de política pública y el acceso igualitario en la toma de decisiones y el liderazgo parlamentario.

Para analizar la representación sustantiva de las mujeres en las arenas legislativas, se han considerado criterios como las relaciones de género al interior de las instituciones legislativas; las agendas impulsadas por las diputadas y sus ámbitos sectoriales de interés; el impacto que el aumento de las mujeres ha tenido sobre la agenda de género y las políticas de igualdad; el rol de las mujeres como líderes en las arenas parlamentarias; las asignaciones presupuestarias para el desarrollo de políticas de igualdad; la garantía de autonomía para diseñar agendas, promover políticas y legislación acorde a los intereses individuales de los legisladores y las agrupaciones políticas que representan las posiciones que ocupan las mujeres en los órganos legislativos.

Como cualquier otra organización, los parlamentos se constituyen a través de diversos órganos que tienen la finalidad de realizar actividades para garantizar las metas y objetivos de una manera eficiente. Esto implica la creación de estructuras y ciertas posiciones de autoridad que ayudan a resolver los problemas de la acción colectiva a la que se enfrentan los legisladores y para manejar el trabajo del día a día a través de un reducido número de individuos. Uno de los órganos de trabajo fundamentales en las legislaturas son los sistemas de comisiones.

Una de las estrategias de los parlamentos para ver por la paridad de género ha sido la creación de comisiones legislativas que tratan cuestiones relativas al género y asuntos de la mujer, “estos órganos tienen poderes que van desde introducir leyes hasta las funciones de monitoreo y supervisión”. En el caso de México, en ambas Cámaras del Congreso Federal y en las 32 legislaturas estatales existen órganos de este tipo.

Las comisiones de género brindan un espacio para que los legisladores analicen todas las leyes propuestas desde la perspectiva de género, se incluyan las cuestiones de género en agenda legislativa y se coloquen estas temáticas en el debate público.

Además del acceso de las mujeres a las comisiones, otro aspecto central es su inclusión en los órganos de decisión y liderazgo parlamentario.

La paridad de género en el Poder Legislativo se ha convertido en un tema central en la academia desde hace varias décadas. A partir de la Conferencia Mundial de Pekín (1995), en la que se emitió la recomendación de que al menos treinta por ciento de los puestos de elección popular deberían ser ocupados por mujeres, buena parte de la discusión se centró en la adopción de las “cuotas de género” en las legislaciones de los países para incrementar el acceso de las mujeres.

La legislación establece la paridad de género (50-50) en las candidaturas legislativas por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, el valor máximo se asigna si el 50% o más de las curules pertenecen a las mujeres; en caso contrario se considera la proporción de legisladoras, tomando como valor máximo 50%. En un ejemplo donde el total de curules de una Legislatura es 20 y el total de curules femeninas es 6, tendríamos un porcentaje de legisladoras equivalente a 30%, por lo que el valor asignado sería 0.6 en una escala de 0 a 1.

En un estado ideal los órganos de trabajo legislativo de un parlamento deben estar integrados de manera equitativa, las mujeres deberían de tener la misma proporción de presidencia de comisiones y de escaños. Según un estudio realizado, en los parlamentos nacionales, 68% de las legisladoras encuestadas y 62% de los legisladores encuestados consideran que no hay suficientes mujeres que integren las comisiones parlamentarias.

En 2018, en los Congresos mexicanos, la proporción de legisladoras y presidencias femeninas de comisiones fue casi equivalente. Algunos estudios han detectado que, si bien las mujeres están ocupando cada vez más presidencias de comisiones, tienden a presidir comisiones sobre cuestiones “blandas” o comisiones de reproducción de política social, familiar, sanitaria, educativa, de vivienda y de cultura. Aunque estas comisiones son importantes porque abordan temas que ocupan una buena parte del presupuesto público, la percepción de muchos legisladores de distintos parlamentos del mundo es que su presencia es limitada en comisiones que abordan temas de economía, finanzas, caminos y transportes, defensa, seguridad, agricultura, medio ambiente, planeación y comercio.

La representación de las mujeres en los Congresos locales mexicanos ha incrementado notablemente en los últimos años, como resultado de las reformas implementadas. Esto no se traduce necesariamente en igualdad de acceso a todos los ámbitos legislativos. Son pocas las mujeres que tienen acceso a la presidencia de las comisiones más relevantes y menor es el número de mujeres que coordinan grupos legislativos o presiden los entes rectores de los Congresos.

Para hablar de paridad en el Poder Legislativo no basta con garantizar el ingreso de las mujeres a estas instituciones. Debe asegurarse la igualdad de oportunidades una vez que acceden al cargo. Este derecho está sujeto a que existan condiciones equitativas para la toma de decisiones, involucrarse efectivamente en los procesos legislativos, formar parte de los órganos de decisión y trabajo parlamentario y desenvolverse en una institución que reconoce la igualdad de género como eje transversal de todas las actividades legislativas. Para la transformación de las instituciones parlamentarias como espacios que atiendan las necesidades de hombres y mujeres por igual, se requieren modificaciones sustanciales en la arquitectura institucional, legal, cultural y organizacional de los Congresos.